Marcelo Sarzuri-Lima
Investigador
Instituto Internacional de Integración
Convenio Andrés Bello
msarzuri.lima@gmail.com
En Bolivia, y en muchos países latinoamericanos, es usual que las personas que han pasado por algún centro de educación superior prefieran ser denominados por el título académico adquirido –usualmente “licenciado o licenciada”, “doctor o doctora” en el caso de médicos y abogados/as-, en muchos casos esta preferencia bordea una exigencia categórica; desde luego esta actitud está vinculada al reconocimiento social que otorga el poseer un título universitario, como menciona Pierre Bourdieu (1987), un título es una especie de “patente de competencia cultural”, una garantía de posesión de un capital cultural convencional, constante y jurídicamente garantizado. A diferencia de otras formas de capital cultural, un título académico basa su competencia en el reconocimiento y el poder de lo instituido: “el poder de hacer ver y de hacer creer”, es así que no necesita ser validado contantemente, es algo que se posee indefinida e incuestionablemente. Por ello las personas que han pasado por una universidad y poseen un título, reclaman de la sociedad un trato diferencial, se creen capacitadas para ocupar cargos jerárquicos o por lo menos bien remunerados, sobre todo en instituciones públicas, puesto que constituirían una especie de intelligentsia nacional.
