N° 20: Miradas y aportes críticos sobre la calidad de la educación
Una de las críticas recurrentes a la noción de calidad en la educación es que implicó una transposición de un concepto del campo industrial-empresarial al campo educativo, esta crítica es acompañada con análisis sobre los procesos de transformación y mundialización del capitalismo, la transformación del mundo del trabajo, la producción y la fábrica. Lo que se debe entender es que la calidad en la educación no sólo es una transposición de un término, sino es la subsunción de la educación a un sistema económico y el modelo de vida que promueve. Este fenómeno implicó la estandarización de los procesos educativos, a partir de la incorporación de indicadores que miden la “calidad” de la educación de acuerdo a parámetros que poco o nada toman en cuenta las particularidades contextuales de los sistemas y centros educativos, lo que termina consolidando tecnologías de colonización educativa.
Las colaboraciones que son parte de este número de la revista Integra Educativa, profundizan, desde diversas temáticas, una crítica seria y profunda sobre lo que implica un uso conservador de la calidad de la educación, pero también aportan elementos para construir una educación pertinente y digna en los países del Sur, donde el mejoramiento de la educación beneficie a todos y no fomente desigualdades y exclusiones. No queda más que agradecer a todos los autores que hacen esta revista y que desde diversas partes nutren con sus reflexiones cada entrega de esta publicación.
Revista Integra Educativa N° 18: Educación para la ciudadanía ambiental.
Por
mucho tiempo ha sido común que en Bolivia las fiestas de fin de año sean
acompañadas por precipitaciones pluviales, la imagen de “blanca navidad” solo
existe en un imaginario construido desde las industrias culturales, y es que la
época de lluvias suele extenderse desde el mes de diciembre hasta el mes de
febrero. Sin embargo, esta regularidad se ha ido perdiendo, desde hace algún
tiempo ya no es posible saber –por lo menos para las personas comunes y
corrientes- cuando van a iniciar ciertas temporadas climatológicas. Es decir,
nos encontramos ante una situación donde la anomalía
climática se convierte en lo usual. Alison Spedding menciona que en 2008 en
la región de los Yungas (La Paz) las lluvias se adelantaron al mes de
septiembre: “Se brincó directamente del juypi
pacha (temporada de helada, es decir invierno) a jallu pacha o awasiru pacha
(tiempo de lluvia o de aguacero)” (2010: 169); si bien esto podría haber sido
beneficioso para la plantación de coca –cultivo de la región- o la producción
agrícola -en regiones donde el periodo seco se alarga entre 9 a 10 meses al año,
sumado a los fenómenos del aumento de la temperatura que provocan cambios en la
humedad de los suelos, de alguna manera podría ser beneficio que se adelanten
las lluvias-, esto no puede generalizarse para todo el país.
Debe
tomarse en cuenta que Bolivia, en palabras de Pablo Cingolani, es un país con
una “desconcertante geografía”, existe una variabilidad fisiográfica que cualquier
evento climático tiene distintos efectos de una región a otra. Según el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2011), las regiones con mayores
probabilidades de inundación son aquellas que circundan la Cuenca del Amazonas,
lo que constituye el 66% de la superficie nacional. En los últimos diez años los
departamentos más afectados por inundaciones fueron Santa Cruz, Beni, La Paz y
Cochabamba, sumados a fenómenos como “La Niña” y el Cambio Climático -que
intensifica el “ciclo hidrológico global”-, existe un aumento de la
“recurrencia y la intensidad de las precipitaciones” (La Razón, 2003), por lo
que un adelanto de la época de lluvias tiene efectos desastrosos en gran parte
de Bolivia. De hecho, las inundaciones acontecidas en el primer trimestre de
2014 superaron todo pronóstico, no sólo porque llovió de una manera nunca antes
vista sino también porque se adelantó la época de lluvias. Los reportes
oficiales mencionan a más 60.000 familias damnificadas, 1.600 viviendas
destrozadas y 63.000 hectáreas de cultivos dañados (La Razón, 2014a), el
departamento de Cochabamba, una de las regiones de donde provienen la mayor cantidad
de productos agrícolas lo que ha hecho que se lo denomine “el granero de
Bolivia”, presentó “daños críticos” en más del 60% de áreas de cultivos (La
Razón, 2014b) o el departamento del Beni, que económicamente depende de la ganadería
extensiva y provee carne vacuna a gran parte del país, sufrió la pérdida de más
de 110.000 cabezas de ganado, sin contar los daños humanos y de infraestructura
que ocasionó en varias ciudades y comunidades.
Si
bien estas emergencias climatológicas han ido incrementándose en el transcurso
de los últimos años, uno podría llegar a pensar que la población y las
autoridades han ido incrementando su conciencia sobre su accionar con relación
a estos eventos. Sin embargo, en las recientes inundaciones acaecidas en Bolivia
el debate público se centró en declarar o no “zona de desastre” a las regiones
más afectadas, principalmente el departamento del Beni. Esto generó un debate
que se relacionó a posturas afines al partido de gobierno y posturas de
sectores opositores al mismo, los primeros argumentando la capacidad del Estado
por atender los desastres climáticos y los segundos solicitando el ingreso de
apoyo proveniente de organismos internacionales. Puede ser que los argumentos
planteados por el gobierno boliviano sean convincentes, más todavía conociendo
que la “colaboración” y “apoyo” internacional muchas veces llega condicionado
por la renovación de compromisos o, peor aún, en forma de crédito. En un
trabajo sobre asistencia humanitaria, Peter Walker afirma que se debe
diferenciar el derecho de las personas a recibir asistencia y el derecho de los
organismos internacionales de cruzar fronteras para aportar esa asistencia,
esto último tiene que ver con la competencia y la legitimidad de quien ayuda
(el proveedor). Sin embargo siempre es deber de los gobiernos “prevenir,
mitigar y aliviar las consecuencias de las catástrofes” y sólo cuando no tiene
la capacidad de esto es pensable o “resulta necesaria la asistencia de las
organizaciones humanitarias” (Walker, 1998), no hay por lugar para especulación
en este sentido.
La
“legitimidad del proveedor” es un asunto muy importante, solo basta recordar
Haití y su relación con las ONG después del terremoto de 2010, por otro lado la
emergencia mundial en relación a desastres naturales implica el surgimiento de
nuevos fenómenos relacionados con el capitalismo, Razmig Keucheyan (2014)
menciona que en México después de catástrofes climáticas acontecidas el año
2005, que supusieron un costo exorbitante al Tesoro Nacional, se planteó
titularizar “el seguro de riesgos de terremoto”, que en 2009 incluyó a
huracanes, generando un programa financiero denominado “multi-cat” que cubre múltiples
riesgos: “…cada vez que una catástrofe azota a México, al agencia AIR [Aplied Insurance Research] determina si
el acontecimiento corresponde a los parámetros establecidos por las partes
signatarias del contrato. Si es el caso, los inversores deben poner el dinero a
disposición del Estado mexicano. Si no lo es, por el contrario, no desembolsan
nada, pero siguen cobrando una abultada prima” (Keucheyan, 2014: 25). Este
programa supuso superar el principio de “solidaridad nacional” respecto a la
atención de las catástrofes naturales e ingresar a una era de la “financiarización”
de la catástrofe.
De
esta forma se ha generado un mercado de
bonos de catástrofes, incentivado en gran medida por el Banco Mundial y si
bien supone algunos riesgos –sin duda, el mayor es que el evento catastrófico
ocurra- se han generado una serie de mecanismos para evadir el pago de estos
bonos, como mencionan von Dahle y von Peter (2012: 12): “Muy pocos bonos de
catástrofes se han activado hasta la fecha. Los huracanes que en 2005 asolaron
la costa del Golfo de México únicamente activaron pagos de uno de los nueve
bonos de catástrofes circulantes en ese momento (IAIS, 2009). Del mismo modo,
el terremoto y tsunami que devastó Japón en 2011 activó un bono de catástrofes
conocido, induciendo pagos inferiores a 300 millones de dólares. Los pagos
efectuados por estos bonos a las reaseguradoras son pequeños comparados con la
suma de pérdidas aseguradas (116 000 millones de dólares en 2005 y 110 000
millones de dólares en 2011)”. Por lo tanto, si en algún momento la crisis
ecológica se presentaba como el límite de la acumulación capitalista, se está
desarrollando un nuevo escenario donde la crisis ecológica genera nuevos
procesos de acumulación.
A
pesar de todo lo mencionado, parece ser que los elementos que quedan fuera de
esta discusión, incluso para algunas asociaciones ambientalistas, son aquellos
relacionados con la masificación de los desastres ambientales, se hace
demasiado hincapié en las consecuencias de las catástrofes, en los cambios de
temperatura y demás eventos climatológicos, sin embargo no parece existir
sujeto que se relaciona con estos eventos climáticos. Se culpa al capitalismo,
se culpa a la sociedad de consumo y las industrias, que si bien son elementos
importantes resultan ser fetichizaciones, puesto que los seres humanos son los
que damos cuerpos a esos sistemas de producción y reproducción.
El
hecho de que las lluvias y las inundaciones se hayan incrementado, así también
las sequias y la variabilidad del clima es consecuencia directa de la pésima
relación que existe entre nosotros (seres humanos) con la naturaleza, es la
relación esencial que se debe cambiar; en Bolivia, como menciona Rafael Puente
(2014) tres elementos interelacionados generan nuestro desequilibrio ambiental:
·
El
mal manejo de la tierra cultivable, sometida a la quema de pastizales, a la
erosión causada por el riego (y la lluvia) en declives pronunciados, al arado
profundo y el uso creciente de abonos y pesticidas venenosos, de manera general
por una agricultura y ganadería intensiva y ecocida.
·
El
mal manejo del agua, malgastada inútilmente, o envenenada por minerales y
agroquímicos, o represada en lugares inadecuados, o impedida de infiltrarse por
el cementado y asfaltado de crecientes extensiones de suelo cultivable, o
destinada a procesos industriales o hidroeléctricos inadecuados.
·
El
mal manejo de los bosques, concebidos sólo como fuente de producción de madera
y sistemáticamente talados (sin estudios previos de la vocación del suelo ni
del papel que juegan en el equilibrio ambiental), y sometidos a una constante
disminución en aras de eso que llaman extensión de la frontera agrícola.
Así que no basta con despotricar contra un
sistema productivo del cual nosotros no pensamos transformar, no basta no
generar conciencia sobre los pueblos indígenas (sus saberes y conocimientos) y
delegarlos en la imposible tarea de ser “guardianes de la naturaleza”, si
nosotros, aquellos que habitamos las ciudades, no dejamos nuestros estilos de
vida, de producción y reproducción social, y ello solo puede ser parte de un
movimiento de la colectividad en tanto la generación de nuevas pautas sociales,
culturales, económicas y políticas (Ver Meira, en este número).
Es así que presentamos la Revista Integra
Educativa N° 18, dedicado a la educación y la ciudadanía ambiental, donde todos
los colaboradores presentan una infinidad de elementos para profundizar el
debate en estos temas, sin duda estos son aportes necesarios y urgentes para
trabajar de forma integral la educación ambiental y la generación de nuevas
acciones colectivas en tanto ciudadanos de este planeta. No nos queda más que
agradecer a cada una de las personas que hacen posible esta publicación y nos
compromete a seguir trabajando con el mismo empeño.
Referencias
Cingolani, P. (2013).
“Geografía y poder”. En El desacuerdo,
Año 1, N° 1. La Paz.
Keucheyan, R. (2014). “El
negocio de las catástrofes. También la naturaleza está siendo copada por las
finanzas”. En Le Monde Diplomatique,
Año 5, N° 68. La Paz.
Spedding, A. (2010). “¿Somos
lo que comemos? Crítica de la ‘descolonización’ en la alimentación”. En Temas
Sociales N° 30. La Paz: IDIS-UMSA.
La
Razón
(2003, 07 de diciembre). “El cambio climático agudizará la crisis del recursos
agua”. La Paz.
La Razón (2014a, 25 de marzo). “Balance oficial: Las lluvias destruyeron 1.600
viviendas y 63.000 hectáreas de cultivos”. La Paz. Disponible en: http://www.la-razon.com/sociedad/Balance-destruyeron-viviendas-hectareas-cultivos_0_2021797853.html
La Razón (2014b, 04 de abril). “15.000 ha perdidas por lluvias”.
La Paz. Disponible en:
www.la-razon.com/sociedad/Segad-perdidas-lluvias_0_2027797243.html
Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2011). Tras las
huellas del cambio climático en Bolivia. Estado del arte del conocimiento sobre
adaptación al cambio climático, Agua y seguridad alimentaria. La Paz: PNUD.
Puente, R. (2014).
“Inundaciones y miopía colectiva”. Disponible en:
http://www.boliviarural.org/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=395&Itemid=51
Von Dahlen, S. y
von Peter, G.
(2012). “Catástrofes naturales y el reaseguro mundial: ¿Cuáles son sus
vínculos?”. En
Informe Trimestral del BPI.
Disponible en: http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1212e_es.pdf
Walker, P. (1998).
“Víctimas
de catástrofes naturales y derecho a la asistencia humanitaria: Una opinión
profesional”. En Revista Internacional de
la Cruz Roja. Disponible en:
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdmpe.htm
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